Ayer, el Consejo Superior de la Universidad del Chubut (UDC) aprobó la ratificación de la resolución rectoral que manifiesta su adhesión al comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y expresó su enérgico repudio al veto de la “Ley de Financiamiento Universitario”. Este posicionamiento refleja el compromiso de las autoridades universitarias con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, pilar fundamental del desarrollo social y la igualdad de oportunidades en nuestro país.
Es por ello que las autoridades de la UDC comparten el siguiente comunicado advirtiendo sobre las graves consecuencias que el veto presidencial y su ratificación legislativa podrían acarrear para la educación superior. Este hecho representa un retroceso en los derechos conquistados y un riesgo para la formación de miles de jóvenes, poniendo en jaque el rol social y estratégico que las universidades públicas desempeñan en Argentina. Así, la Universidad del Chubut reafirma su defensa de una educación accesible y de calidad, instando a toda la sociedad a unirse en la lucha por preservar este derecho:
Hoy nos enfrentamos a una amenaza que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: la educación pública, gratuita, laica y de calidad. El reciente veto presidencial de la llamada “Ley de Financiamiento Universitario”, y su ratificación Legislativa, representa un golpe directo a los cimientos más profundos de nuestro pueblo, poniéndo en riesgo las oportunidades para que miles de jóvenes, sin distinción de clase social, género o procedencia geográfica, puedan formarse y mejorar su calidad de vida y la de su comunidad.
La educación pública y gratuita Argentina, ha sido una inversión estratégica para el desarrollo y la justicia social, y un símbolo de igualdad de oportunidades en nuestro país, por lo que la posibilidad de que este derecho se vea comprometido, limitando la movilidad social y profesional de nuestro pueblo resulta alarmante. Son políticas que no tienen lugar en una sociedad democrática.
Cuando las Universidades dependen del financiamiento privado, los intereses de esos financiadores se trasladan a la investigación, al contenido académico y, consecuentemente a las actividades formativas. Así el país se vuelve vulnerable a la manipulación ideológica y económica; entonces, ¿Qué profesionales bregarán por la salud pública? ¿qué ideario de justicia protegerá nuestros pueblos? ¿qué docentes formarán a las futuras generaciones?
Las Universidades son un espacio de inclusión y excelencia fundamental para el crecimiento y desarrollo del país. A lo largo de la historia, la sociedad argentina ha demostrado su fuerte compromiso con esta premisa, movilizándose en diversas ocasiones para exigir mayor financiamiento y apoyo al sistema universitario. No debemos permitir que se reviertan estas conquistas sociales, y mucho menos regresar a tiempos en los que la educación estaba reservada para los hijos del poder.
Las luchas sociales nos dejaron una enseñanza clave: en modelos neoliberales/libertarios los derechos humanos no son permanentes, y debemos reafirmarlos constantemente; y hoy nos enfrentamos a la tarea de defender la educación pública. Pero esta lucha no es solo de las Universidades, no es solo de los/las académicos/as o de los/las estudiantes. Es una lucha colectiva que trasciende instituciones y fronteras provinciales. Es una lucha de todo el pueblo argentino.
En palabras de los/las estudiantes que plasmaron el manifiesto de la Reforma Universitaria de 1918: “desde hoy contamos con una vergüenza menos y una libertad más”. Sigamos el ejemplo de aquellos/as estudiantes que lucharon por una universidad inclusiva, democrática y al servicio del pueblo. Es nuestra responsabilidad seguir su ejemplo y evitar que los derechos conquistados nos sean arrebatados. Por eso el Consejo Superior de la Universidad del Chubut expresa su más profundo repudio al veto presidencial de la llamada “Ley de Financiamiento Universitario”, y su ratificación Legislativa. No permitamos que nos despojen de los derechos ganados y conquistados; la educación pública es derecho humano, una responsabilidad indelegable del Estado, pero también un bien social que debemos defender unidos.