El Consejo Superior repudió la represión a jubilados

Fue en la primera Reunión Ordinaria del 2025. “Abogamos por un país donde expresarse no sea un delito y en el que se invierta en políticas públicas que construyan un mejor futuro”, enfatizó el cuerpo colegiado, instando al Estado Nacional a “ retomar los caminos del diálogo democrático y la escucha al pueblo en las calles”.

El Consejo Superior de la Universidad del Chubut expresó su profunda preocupación ante los hechos ocurridos el pasado 12 de marzo, que concluyeron en una feroz represión a jubilados, jubiladas y demás manifestantes, en el marco de la protesta realizada en reclamo de la recomposición de sus haberes y la mejora de sus condiciones de vida.

La proclamación se dió en el marco de la 1ra Reunión Ordinaria del Consejo Superior, celebrada el día jueves, y que dió inicio a la actividad democrática de la UDC.

En el comunicado se expresa que “el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado. La paz social debe ser un objetivo fundamental de cualquier régimen político. Asimismo, comprendemos que el Estado Argentino debe hacer mucho más que tolerar las protestas: su obligación es proteger a quienes se manifiestan y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”.

En la misma línea y haciendo referencia al Mes de Memoria, se instó a “reflexionar acerca de cómo se debe regular y controlar la actuación policial en las protestas sociales y, a retomar los caminos del diálogo democrático y la escucha al pueblo en las calles”, puntualizando en la importancia de no “naturalizar el accionar represivo y persecutorio de un Estado contra ciudadanas y ciudadanos por ejercer su derecho a protestar y a pensar diferente, resulta peligroso que se sostenga ese accionar que nos recuerda a los momentos más oscuros de nuestra historia Argentina y que ya dijimos NUNCA MÁS”. 

 

 

 

 

El comunicado completo: 

UN PAÍS LIBRE ES UN PAÍS CON DERECHOS HUMANOS

La Universidad del Chubut como  institución pública de educación superior, comprometida con la defensa y ampliación de los derechos humanos, ve con profunda preocupación la brutal represión a jubiladas, jubilados y otros manifestantes en inmediaciones del Congreso Nacional ocurrida la tarde del 12 de marzo. La protesta social es una componente esencial de toda democracia que involucra derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad.  Por ello el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado. La paz social debe ser un objetivo fundamental de cualquier régimen político. Asimismo, comprendemos que el Estado Argentino debe hacer mucho más que tolerar las protestas: su obligación es proteger a quienes se manifiestan y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. La respuesta institucional y la  gestión política de los conflictos sociales debe abordarse desde una visión integral, ya que las manifestaciones incluyen demandas por la vulneración de derechos fundamentales. El ejercicio de los derechos ligados directamente con el acto de protesta (a la integridad física, a la libre expresión, al uso del espacio público) se complementa con el de los derechos humanos en su integralidad: alimento, salud, vivienda, trabajo, en síntesis, una vida digna. 

Los sucesos acontecidos, dan cuenta de una estrategia de desacreditación sistemática de las manifestaciones que el pueblo viene sosteniendo hace meses y que también busca la desarticulación de las redes de solidaridad. Ayer no solo se vio la represión y el ensañamiento, sino también la solidaridad de otros grupos de la comunidad quienes acompañaron bajo la consigna “puede ser tu mamá o tu abuelo”

La idea de una academia aséptica, neutral y ajena a la realidad social y política, es una falacia. Por esto nuestra universidad reafirma su compromiso con una política humanista, basada en el diálogo, el respeto y la construcción colectiva. En el mes de la memoria, como comunidad educativa instamos a reflexionar acerca de cómo se debe regular y controlar la actuación policial en las protestas sociales y, a retomar los caminos del diálogo democrático y la escucha al pueblo en las calles. Cesando prácticas vulneratorias de derechos humanos y cuidando a las personas que participan en las protestas.  Abogamos por un país donde expresarse no sea un delito y en el que se invierta en políticas públicas que construyan un mejor futuro. No podemos naturalizar el accionar represivo y persecutorio de un Estado contra ciudadanas y ciudadanos por ejercer su derecho a protestar y a pensar diferente, resulta peligroso que se sostenga ese accionar que nos recuerda a los momentos más oscuros de nuestra historia Argentina y que ya dijimos NUNCA MÁS.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para terminar con los discursos de odio que fomentan el enfrentamiento y alimentan un clima de hostilidad que solo genera más violencia. Argentina necesita un Estado presente, que garantice derechos, sostenga el bienestar de su pueblo y promueva el desarrollo con justicia social. 

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